El 26 de abril de 1975 fue declarado el estado de excepción en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Fue el último estado de excepción declarado durante la dictadura franquista. La escalada represiva culminó con la ejecución de José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, militantes del FRAP; y Jon Paredes Txiki y Ángel Otaegui, militantes de ETA. La documentación incluye octavillas informativas y cartelería del PSUC.